UPL cree la sentencia judicial respecto al Presupuesto de 2016 marca el camino para el de 2017

Este martes hemos recibido la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de León, en la que se condena al Ayuntamiento a reponer la Productividad de 2016 conforme se estaba pagando en 2015 ante la falta de negociación. El juzgado dice literalmente que esta casa debe “[…] mantener e incluir en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 el mismo importe y/o cantidad global que se satisfizo en el año 2015 con tal concepto retributivo al personal funcionario […]”.

Nuestro grupo político ha advertido en numerosas ocasiones que no se puede actuar contra los trabajadores de esta forma. Es más, el fallo de esta sentencia nos da la razón cuando decimos que las negociaciones y el acuerdo han de ser previos a la toma de decisiones en materia salarial y no al revés.

El mes pasado nuestro grupo solicitó conocer la cuantía de las costas a las que ha sido condenado este consistorio. Ahora tenemos una más, pues la sentencia dice literalmente “con expresa imposición de costas al Ayuntamiento de San Andrés”, o lo que es lo mismo, un daño a esta casa que acaban pagando los de siempre, los ciudadanos. Ante estos antecedentes nuestro grupo no puede evitar preguntarse, ¿por qué los ciudadanos debemos soportar con nuestro dinero las malas decisiones de PSOE-PAL? De nuestros gobernantes debemos exigir responsabilidad, y que no tomar decisiones contrarias a derecho, que siempre van a afectar negativamente al bolsillo o a los servicios de los ciudadanos.

Desde UPL entendemos que esta sentencia afecta al Presupuesto para 2017 que se está tramitando, por lo que nosotros reiteramos nuestro discurso en el Pleno de la aprobación inicial, que se debe incluir crédito necesario para cumplir el mandato judicial de sentencias anteriores similares a esta en materia de Productividad, puesto que a mes de abril aún no hay acuerdo con los sindicatos. De no ser así, el Equipo de Gobierno estará incurriendo en las mismas irregularidades que en el Presupuesto de 2016 y por tanto susceptible de impugnación en los tribunales y de más condenas a pagar costas.

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